Inmigración en España: dar más que recibir

“Los inmigrantes aportan al Estado más de lo que reciben… también en plena crisis”. Como diría una compañía de telefonía móvil, VERDAD VERDADERA. A pesar de la falsa y generalizada creencia entre los españoles que señala que la población extranjera percibe más de lo que genera en nuestro país, un estudio de La Caixa demuestra todo lo contrario.

La percepción que muchos españoles comparten, y que algunos insisten en difundir, de que los inmigrantes hacen un uso exagerado de las oportunidades que el Estado del bienestar español les ofrece no se ajusta a la realidad. El balance, incluso en tiempos de crisis, parece que sigue siendo contundente: los inmigrantes residentes en España aportan a nuestro Estado del bienestar mucho más de lo que reciben, según concluye el estudio Inmigración y Estado de bienestar en España, de la Obra Social de La Caixa.

“Los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de la población están injustificados. Los inmigrantes reciben menos del Estado de lo que aportan a la Hacienda pública”, sentencian los autores del estudio, elaborado por Francisco Javier Moreno, del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, y por María Bruquetas, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Ámsterdam. Una balanza que parece que se ha mantenido incluso en los peores momentos de la crisis.

Los datos oficiales sobre la aportación de los inmigrantes a las arcas públicas han quedado desactualizados. La última cuantificación de los aportes y los gastos es anterior de la crisis. La Oficina Económica del Gobierno presentó en 2006 un amplio estudio sobre la contribución económica de la población extranjera. Las cifras no podían ser más favorables. Los inmigrantes habían sido directamente responsables de la mitad del fuerte crecimiento del PIB español entre 2000 y 2005 (con un 3,6% de crecimiento medio anual) y su aportación a las arcas del Estado era francamente positiva: absorbían el 5,4% del gasto público, 18.600 millones, y aportaban el 6,6% de los ingresos totales, con 23.400 millones. El saldo neto de su contribución era de casi 4.800 millones (la mitad del superávit de entonces del conjunto del sector público). Y, según el informe de Moncloa, no había posibilidad alguna de que esta posición se revertiera hasta al menos 2012.

Dan más de lo que reciben
Ahora, aunque no existen cifras que constaten negro sobre blanco que las aportaciones de los inmigrantes siguen siendo superiores a los costes que generan para las arcas públicas, el balance parece claro que sigue siendo positivo. Los expertos coinciden en que ese saldo de casi 5.000 millones que recogía el informe de Moncloa era lo suficientemente cuantioso como para que se mantuviera incluso en tiempos de recesión. Y, además, el informe de La Caixa constata que algunos de los factores que hacían que la contribución de la población extranjera fuera positiva aún se mantienen. Y es el que texto, presentado ayer en Madrid, va desmontando uno a uno algunos de los estereotipos que se han generalizado en el imaginario colectivo español.

España sigue encontrándose en una fase primigenia del asentamiento de población inmigrante, lo que hace que la inmensa mayoría de los extranjeros que han venido al país sean jóvenes en edad de trabajar, y el número de personas dependientes (niños y ancianos) continúe siendo muy bajo. A medida que el perfil de la población inmigrante vaya envejeciendo, su contribución neta se irá reduciendo hasta tener un impacto neutro sobre la balanza fiscal. Pero hoy no pasa.

Según el estudio, incluso en tiempos de crisis y a pesar del zarpazo del paro, el porcentaje de extranjeros entre los afiliados a la Seguridad Social ha permanecido prácticamente estable, en el entorno del 10% (del 10,3% el pasado abril, con 1,8 millones de trabajadores extranjeros que siguen aportando sus cotizaciones a las cuentas públicas).

En paralelo, menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y más de la mitad de éstos son ciudadanos de la Unión Europea. La mayoría de inmigrantes, en edad laboral, proporcionan una aportación neta a las arcas de la Seguridad Social, una situación que se mantendrá previsiblemente durante las próximas dos décadas. Con sus altas tasas de actividad y su mayor juventud, los inmigrantes han contribuido a elevar la proporción a 2,5 cotizantes por cada pensionista, y con ello habría retrasado en casi cinco años la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones, de 2023 a 2028.

Es cierto que el porcentaje de gasto social dedicado a la población inmigrante ha ido creciendo en los últimos años, en relación al incremento del volumen de extranjeros. De cerca del 1% del gasto sanitario en 2000 se alcanzó el 5% ya en 2007. “Pero dicha proporción sigue siendo considerablemente inferior al porcentaje de inmigrantes sobre la población total”, hoy del 12,2%, según apuntan Moreno y Bruquetas. Y es que está demostrado que la población inmigrante, lejos de abusar de los servicios sanitarios, incluso hacen un uso muy inferior al que por su peso demográfico le correspondería: los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera que los españoles, y un 16,5% menos al médico especialista, según datos de la Encuesta Nacional de Salud. Sólo la utilización de los servicios de urgencias es superior entre los inmigrantes que la de los autóctonos (un 3,2% más).

En paralelo, tan sólo el 6,8% del total de las inversiones de los servicios sociales se dirigen a inmigrantes. Y de éstas, el 60% tiene por objeto informarles de sus derechos o derivarles a otras instituciones. Por otro lado, el colectivo inmigrante concentra el 11,2% de los receptores de rentas mínimas de inserción, por lo que el rango de cobertura es considerablemente inferior al que proporcionalmente le correspondería dado que los inmigrantes suelen encontrarse entre los grupos más desfavorecidos económicamente.

En otro ámbito, la presencia de la inmigración ha supuesto un revulsivo para la incorporación de la mujer española al mercado laboral. La concentración de mujeres inmigrantes en las labores domésticas y en el cuidado de niños y mayores ha facilitado la compatibilización de la vida laboral y familiar de las trabajadoras españolas, con el consiguiente impulso en términos laborales, fiscales y de consumo para la economía española.

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